La intervención se realizó como parte de una investigación por el presunto delito de despojo, derivada de la carpeta FGE/SUR/UNADT-2015/2026, iniciada tras una denuncia presentada por el IVEY para recuperar la posesión legal del inmueble y proteger el patrimonio estatal.
De acuerdo con la información oficial, las diligencias ministeriales incluyeron la acreditación de la propiedad del predio, recorridos de vigilancia, identificación de personas y vehículos vinculados con la ocupación irregular, así como una inspección ministerial en el lugar.
Las autoridades señalaron que, durante las semanas previas al operativo, se detectó un incremento en el número de personas asentadas dentro del terreno, la construcción de viviendas provisionales y una mayor presencia de vehículos. Además, vecinos reportaron afectaciones al orden público, problemas de seguridad y posibles conexiones irregulares a la red eléctrica que ocasionaban variaciones en el suministro de energía en la zona.
Con base en estos elementos, la Fiscalía determinó ejecutar la diligencia para restituir el inmueble al Estado. El operativo se desarrolló durante la madrugada y, según el Gobierno del Estado, transcurrió sin incidentes.
Al momento de la intervención se encontraban ocho personas en el predio, quienes se retiraron de manera pacífica, lo que permitió la recuperación del terreno sin contratiempos.
El Gobierno estatal afirmó que la actuación se realizó con apego al marco legal y bajo protocolos de respeto a los derechos humanos, al tiempo que reiteró su compromiso de proteger el patrimonio público, garantizar la certeza jurídica y hacer cumplir el Estado de Derecho en Yucatán.
