“El que sea una modificación al Código de Familia como se desprende de lo anunciado el día de hoy no supera el hecho de que hay un candado constitucional a nivel local que violenta los tratados internacionales y la Constitución federal”, expuso.
En entrevista, el activista calificó como un avance el cambio de postura de los magistrados, pues años atrás ese mismo poder del estado votó en contra de un recursos de omisión legislativa promovido por defensores de los derechos humanos.
El litigante expresó dudas sobre las facultades del Supremo Tribunal de Justicia para presentar iniciativas que tengan que ver con el Código de Familia, pues la ley lo faculta para que pueda presentar proyectos de ley que sean de competencia del Poder Judicial.
“Habría que ver cómo las y los magistrados están interpretando esta norma, pues pareciera que no tienen facultades directas para hacer una reforma directa al Código de Familia, sino únicamente a la legislación que afecta o interviene en el funcionamiento del Poder Judicial”, ahondó.
Finalmente, lamentó que el Congreso del Estado no muestre interés en la defensa de los derechos humanos, que son violentados con el actual texto de la Carta Magna yucateca que prohíbe el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.
