Desde el pasado miércoles 11, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya aplica la tarifa doméstica “1D” a sus clientes en Mérida.
La paraestatal señaló que con esta medida se beneficiarán con una tarifa más baja, en temporada de verano, 217 mil 712 clientes y, en temporada fuera de verano, 145 mil 955 clientes en la capital yucateca, de un total de 474 mil 422.
La reclasificación de la tarifa para Mérida se debe a que la temperatura media mínima en el municipio registrado en periodo de verano durante los últimos cinco años, supera de manera consecutiva los 31 grados centígrados. Esta temperatura media mínima es mayor a la registrada anteriormente. Por lo tanto, y en apego a la normatividad vigente y a la clasificación establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ahora se aplicará la Tarifa Doméstica “1D” para Mérida.
Lo anterior con base en el análisis realizado a los registros de temperaturas medias mínimas mensuales de la estación climatológica “Base Aérea Militar No. 8”, ratificada por el Sistema Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (SMN-Conagua) como estación climatológica representativa del municipio Mérida, Yucatán, mediante oficio número B00.8.-562 de fecha 25 de septiembre de 2017.
Los clientes empezarán a percibir la aplicación de la tarifa “1D” del periodo completo de consumo a partir de 11 de noviembre próximo, para los clientes que facturan de manera mensual. Los clientes que facturan de manera bimestral, verán reflejada la aplicación de esta tarifa a partir de su recibo de diciembre (facturación en periodo par) y enero (facturación en periodo non).
Recordamos a nuestros clientes que para cualquier duda sobre la aplicación de esta tarifa, ponemos a sus órdenes 17 centros de atención a clientes en Mérida, así como la línea telefónica gratuita 071 y la cuenta en Twitter @CFE_Peninsular.
El martes 31 de octubre cierra la convocatoria al “Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura y Maestría sobre Derechos Humanos 2017” con premios de 20 mil pesos.
Este año, el concurso lo convocan la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y el Colegio de Abogados, y podrán participar las tesis, monografías, tesinas, estudios de caso, proyectos integradores e informes/memorias de práctica o servicio profesional de nivel licenciatura y maestría elaborados de manera individual, sustentados en examen de grado en el período comprendido del uno de diciembre de 2016 al 30 de octubre de 2017 en instituciones de educación superior ubicadas en Yucatán.
El tema de los trabajos podrá ser cualquier área del conocimiento científico con una clara relación con los derechos humanos.
Es importante resaltar que el tema de los derechos humanos no es exclusivo de la licenciatura en derecho, su universalidad y transversalidad lo colca en cualquier otra profesión como la arquitectura, la informática, la medicina, la rehabilitación, ingeniería, psicología, trabajo social, por mencionar algunas.
La fecha límite para la entrega será el martes 31 de octubre en las oficinas de la Codhey en Mérida, y en las delegaciones de Tekax y Valladolid en horarios de 8 de la mañana a tres de la tarde.
En el caso de las tesis remitidas por correo o por mensajería, se aceptarán aquellas en las que coincida la fecha del matasellos o del envío con la del cierre de la convocatoria.
Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por especialistas en derechos humanos. La decisión del jurado será inapelable y éste tendrá la facultad de resolver cualquier situación no considerada en la convocatoria. El concurso podrá declararse desierto.
El premio será de 10 mil pesos para el primer lugar de cada una de las dos categorías, así como un diploma de reconocimiento.
El resultado será publicado en la página electrónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán www.codhey.org
Luego de que se viniera abajo el acuerdo para que los asesinos materiales de la activista Emma Gabriela Molina Canto fueran sometidos a un juicio abreviado, la madre de la víctima Ligia Canto Lugo, aclaró que los sicarios Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, no generaron las condiciones para que el pacto se cumpliera.
Según consta en la carpeta de investigación, la mujer fue presuntamente víctima de un complot orquestado por su ex pareja Martín Medina Sonda, quien se encuentra preso en un penal de Tabasco, al ser hallado culpable de un millonario desfalco a las arcas públicas de esa entidad.
De acuerdo con lo descrito por los fiscales, Medina Sonda trianguló el asesinato de la madre de sus hijos mediante su chofer, César Rogelio Reyes Barrueta, quien a su vez contactó a un sujeto apodado “El Cachorro”, para que contratara a los dos sicarios que mataron finalmente a la activista.
Abordada antes de ingresar a una reunión con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ariel Aldecua Kuk, Canto Lugo dio a conocer los motivos por los cuales decidió desistir de pactar con los asesinos.
“Primero que nada, para nosotros lo más relevante, lo más importante, es que precisamente estas personas privaron de la vida a mi hija en la forma que lo hicieron y más que nada que esto no solamente está sobre ellos, sino sobre la persona que lo disfrutó y lo planeó, entonces, si las condiciones no se dan, no hay abreviado”, precisó.
Asimismo, se dijo decepcionada por el trato que ha recibido por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
“Desgraciadamente yo digo, a las víctimas quién nos defiende entonces, somos como quien dice, el jamón del sandwich, por un lado quien nos debe apoyar y defender está oculta o buscando la forma de hacerlo menos, y por otro lado hay que pelear con los delincuentes”, finalizó.
Al manifestarse frente a la sede del Poder Ejecutivo, ejidatarios de Cinco Colonias se dijeron “fastidiados” que el gobernador yucateco “juegue” con ellos y no les pague 72 millones de pesos que les adeuda por concepto de la expropiación de 18 hectáreas donde se construyó el Fraccionamiento Roble Alborada.
En entrevista, Hilario Carrillo Hernández, ex comisario ejidal de Cinco Colonias, amagó con radicalizar sus protestas toda vez que existe una evidente negativa de parte del Gobierno del Estado de pagarles sus terrenos, luego de un proceso legal que inició en 2014.
“El gobernador no nos quiere atender, pero eso sí, el próximo año va a estar tras el ejido, va a estar visitando, buscando gente, buscado votos y a ver qué votos va a recibir, que se lo digan, que lo oiga, el ejido Cinco Colonias está fastidiado de que siga jugando con sus derechos, no lo vamos a permitir”, advirtió.
Recordó que tras la protesta que realizaron en el Congreso de Estado, no hubo respuesta alguna a sus demandas por parte de los diputados locales, toda vez que se trata del mismo grupo que está en el poder.
“Desgraciadamente es la misma gente del gobierno, un hijo nunca estará en contra del papá, aquí el papá que es el gobernador que está jugando con el ejido Cinco Colonias, los diputados al parecer no están haciendo nada, por eso vamos a tomar otras medidas”, indicó.
Aseguró que no buscan “perjudicar” a nadie con sus movilizaciones, sin embargo, no descartaron acciones de fuerza como bloqueos o manifestaciones para que el Ejecutivo estatal les pague el adeudo que mantiene con los campesinos.
"No estamos amenazando a nadie, estamos advirtiendo que si no nos hacen caso, vamos a tomar medidas más drásticas, lo que menos queremos es perjudicar a terceros, pero tampoco vamos a permitir que sigan pisoteando nuestros derechos”, estableció.
Reveló que el problema entre el gobierno mediante el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) y los ejidatarios se ha recrudecido luego que la dependencia estatal fraccionó 5 hectáreas ubicadas en el circuito sur.
“El titular (del IVEY), César Escobedo May dijo que no se iba a meter con el ejido, que no iba mover nada en esas tierras, y ahorita ya nos enteramos que toda esa parte donde está el circuito sur, el IVEY ya fraccionó aparte todas las hectáreas que ocupó al construir 127 casas, no lo vamos a permitir”, apuntó.
Finalmente, dijo que el próximo 27 del presente mes se resolverá el amparo interpuesto por el gobierno en contra de la resolución del Poder Judicial del Estado que les dio la razón el pasado 22 de junio.