Un grupo de 300 habitantes de Homún, asesorados por integrantes de Colectivo Indignación, protestó frente al Palacio de Gobierno, con el objetivo de entregar a autoridades del Ejecutivo estatal, los resultados de la consulta realizada el pasado 8 del presente mes, donde ese municipio rechaza la instalación de una granja porcícola de la empresa Kekén.
Durante la movilización de la asociación Ka’ananTs’Onot, una mujer identificada como Cristina Muñoz Menéndez, del Colectivo Indignación daba instrucciones al oído al vocero de esa organización, José Clemente May Echeverría, quien trataba de dar entrevistas a los reporteros que citaron en lugar.
Sin embargo, la atención que el habitante de la comunidad indígena de Homún tuvo con los reporteros terminó por colmar la paciencia de la activista de Indignación quien desde la puerta de la sede del Poder Ejecutivo estatal gritó a una comitiva que ingresó a entregar los resultados de la consulta “primero el pueblo y luego los periodistas”.
Durante la manifestación, los habitantes de esa comunidad maya entregaron un comunicado donde aseguran que el Gobierno del Estado, sin consultar sus derechos, autorizó la construcción de un mega proyecto porcícola en la zona que pretende ser operado por Kekén.
En el documento se establece que ante el atropello de realizar acciones dentro de su territorio sin consultarlos, realizaron una consulta el pasado 8 de octubre donde un total de 789 personas de ese municipio salieron a votar de las cuales 732 expresaron su rechazo a la “mega granja”.
“Hoy acudimos ante el gobernador de Yucatán para exigir que respete la voluntad del pueblo y por tanto exigirle que suspenda de inmediato cualquier autorización otorgada por la instalación y operación de la mega granja porcícola pues el pueblo ha manifestado su rechazo”, expone el comunicado.
Asimismo, en el escrito expresan su preocupación por las afectaciones al medio ambiente y a la contaminación del agua, pues Homún forma parte de la reserva hidrológica denominada Anillo de los Cenotes que prohíbe que se realicen actividades “incompatibles”.
De la misma manera el documento hace alusión al Poder Ejecutivo al señalar que “el gobierno de Yucatán muestra un desprecio al derecho que tenemos como pueblo maya”.
Finalmente, en el comunicado se indica que la exigencia de detener la construcción de la granja busca sentar el precedente en Yucatán de que se debe respetar el derecho que tienen los pueblos mayas de decidir en su territorio.
Hace unos minutos, dos unidades del transporte público protagonizaron un accidente que generó caos vial en el Centro Histórico de Mérida y dejó daños materiales la imprudencia de ambos conductores, la causa del percance.
Durante su visita a la capital yucateca, en el marco de la 24 Conferencia Anual de Cruceros y Exposición de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, fue abordado por una pareja de extranjeros, quienes le pidieron que les tomara una foto en letras que forman la palabra Mérida, ubicadas en la Plaza Grande.
Sorprendido el gobernante de una de las ciudades más pobladas del mundo, accedió a la petición de los extranjeros, quienes sin saber con quién trataban tuvieron un fotógrafo especial en su visita a la capital yucateca.
Miguel Ángel Mancera era acompañado por el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, quien sorprendido contempló la escena para después posar con la pareja de extranjeros y el jefe de gobierno de la capital del país en una foto posterior.
La señora Ligia Canto Lugo afirmó que la intención de buscar un juicio abreviado para los dos sicarios que asesinaron a su hija Emma Gabriela Molina Canto, es en virtud del cansancio y desgaste que les ha generado el largo proceso que inició tras el atentado el pasado 27 de marzo, en el fraccionamiento San Luis, de la capital yucateca.
Este martes, la señora Canto Lugo citó a los medios de comunicación para dar a conocer la demanda interpuesta en contra del abogado David Araba Dorantes, por incurrir en abuso de confianza, toda vez que primero fungió como su asesor en el juicio y en una audiencia celebrada ayer se conoció que ahora defenderá a Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, verdugos de Emma Gabriela.
Abordada por los medios de comunicación, Ligia Canto precisó que el abogado Araba Dorantes cuenta con información privilegiada que podría ser utilizada como parte de la estrategia que llevaban para que se haga justicia por la muerte de su hija.
“Me preocupa porque este señor estaba enterado de muchas cosas, que solamente como parte de la defensa podría saber”, indicó.
Expresó que el cambio de defensa en los asesinos materiales de su hija es una prueba más de que la mano y los recursos del presunto autor intelectual del feminicidio, Martín Medina Sonda está claramente metido en el complot que le arrebató la vida a Emma Gabriela.
“Además, ellos mismos manifiestan que por 30 mil pesos cada uno asesinaron a mi hija, entonces de dónde sale el dinero para pagar los honorarios del abogado, nos hace pensar de que otra vez está sacando el poderío económico este señor (Martín Medina)”, abundó.
Señaló que la estrategia de tratar de llevar un juicio abreviado con los autores materiales es por “cansancio” y afianzar la participación de quien todo indica es el autor intelectual del feminicidio de su hija.
Por su parte, el asesor legal de la señora Ligia Canto, de nombre Efraín Martínez Arellano, adelantó que hasta que no se realice la audiencia de apertura para un juicio oral, la posibilidad de un proceso abreviado siempre estará latente.
Sin embargo, expuso que dadas las condiciones que actualmente prevalecen, buscarán que a los cinco involucrados se les castigue con la pena máxima, pues solicitarán al juez que a Medina Sonda se le dé 50 años de cárcel por el delito de feminicidio, mientras que a los otros cuatro involucrados 40 años de prisión por homicidio calificado.
Finalmente, indicó que en caso de no lograrse un acuerdo, a más tardar para enero del año entrante se realizaría el juicio oral donde se decretaría el grado de culpabilidad de los cinco involucrados en el crimen, pues a su parecer existen las pruebas para que sean condenados.