Han pasado casi siete meses de que los sicarios Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla le arrancaran la vida a su hija Emma Gabriela Molina Canto, sin embargo, su sed de justicia no ha aminorado desde aquel 27 marzo del presente año, cuando de varios tajos fue asesinada la también activista.

Abordada minutos antes de ingresar a una reunión con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ariel Aldecua Kuk, la señora Ligia Canto Lugo dio a conocer los motivos por los cuales decidió desistir de pactar con los asesinos.

“Primero que nada para nosotros lo más relevante, lo más importante, es que precisamente estas personas privaron de la vida a mi hija en la forma que lo hicieron y más que nada que esto no solamente está sobre ellos, sino sobre la persona que lo disfrutó y lo planeó, entonces, si las condiciones no se dan, no hay abreviado”, precisó.

En una charla con dos reporteros que han seguido el caso desde el mismo día que los dos sicarios originarios de Tabasco asesinaron a su hija, Canto Lugo deja en claro su principal objetivo.

“Para mí lo más importante es que reciban castigo, porque si bien es cierto, se habla de la reparación ¿qué reparación puede haber para una vida?  Nada va hacer que mis nietos vuelvan a ver a su  madre, ni que yo vuelta a tener a mi hija”, dijo.

 

--¿Qué condiciones exige?

 

Estamos buscando más que nada llegar a la verdad, eso queremos, la verdad  de todo, de cómo estuvo, de cómo se planeó, de cómo se llegó a lo que se llegó.

 

--¿Quiere que se presenten pruebas suficientes para incriminar al que es señalado autor intelectual?

 

--Exactamente y a todos los que van en este escalón de delincuentes.

 

--¿Doña Ligia, si se generan esas condiciones, habría la posibilidad de juicio abreviado?

 

--Habría la posibilidad, pero no sé si en las mismas condiciones.

 

--Algunos grupos de defensores de los derechos humanos han sentido algún tipo de desconcierto por cómo se ha manejado la negociación, ¿qué les diría usted?

 

--Desgraciadamente hay que reconocer, todas las personas y todos los ciudadanos lo sabemos, este sistema de justicia oral nos crea cierta dificultad para llegar al verdadero castigo, qué quisiera yo como madre para estos señores, quisiera yo la ruta de sufrimiento, mi hija merecía un final feliz, no esto.

 

--¿Cómo está doña Ligia en lo personal, en lo familiar?

 

--Muy triste, pero las cosas hay que tomarlas y sacar lo mejor para poder obtener lo que pedimos…justicia.

 

--¿Exige una pena mayor?

 

--Es lo que buscamos, nosotros vamos a ser claros, estos señores fueron pagados, sí hay otros pero ¿quién lo disfruto? ¿quién lo planeo? ¿quién lo vio la logística?  Para que se llevara a cabo esto, ahí está el principal personaje, el interesado al que le estorbaba, el que quería seguir siendo su dueño, el que decía “o aquí o nada”, ¿quién? Eso es claro, entonces hay que pensar precisamente en eso.

 

En esa manifestación que hicieron inclusive ante un Ministerio Público y que sacó un medio periodístico, ahí estaba lo que lo estaba planeando esta familia, ahí lo plasmaron ellos en un documento, más claro no puede estar su participación.

 

--Por parte de la Comisión Estatal de Victimas ¿hay algún tipo de atención, se han acercado con usted? porque tenía entendido que había ciertos retrasos?

 

--Nosotros hemos estado pidiendo que esta representación jurídica sea efectiva que esté presente y permanente y por más que lo hemos pedido ha quedado en eso en petición, desgraciadamente no sé si por ser un organismo burocrático, no lo sé, pero las cosas se dan y se observan.

 

Desgraciadamente digo, a las víctimas quién nos defiende entonces, estamos como quien dice, somos el jamón del sándwich, por un lado quien nos debe apoyar y defender está oculta o buscando la forma de hacerlo menos, y por otro lado hay que pelear con los delincuentes.

 

La entrevista finalizó y doña Ligia va a un encuentro más con el titular de la FGE. Mañana se escribirá un capítulo más en torno al caso, en una audiencia que se celebrará en el Centro de Justicia Oral de Mérida.

Desde el pasado miércoles 11, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya aplica la tarifa doméstica “1D” a sus clientes en Mérida.

La paraestatal señaló que con esta medida se beneficiarán con una tarifa más baja, en temporada de verano, 217 mil 712 clientes y, en temporada fuera de verano, 145 mil 955 clientes en la capital yucateca, de un total de 474 mil 422.

La reclasificación de la tarifa para Mérida se debe a que la temperatura media mínima en el municipio registrado en periodo de verano durante los últimos cinco años, supera de manera consecutiva los 31 grados centígrados. Esta temperatura media mínima es mayor a la registrada anteriormente. Por lo tanto, y en apego a la normatividad vigente y a la clasificación establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ahora se aplicará la Tarifa Doméstica “1D” para Mérida.

Lo anterior con base en el análisis realizado a los registros de temperaturas medias mínimas mensuales de la estación climatológica “Base Aérea Militar No. 8”, ratificada por el Sistema Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (SMN-Conagua) como estación climatológica representativa del municipio Mérida, Yucatán, mediante oficio número B00.8.-562 de fecha 25 de septiembre de 2017.

Los clientes empezarán a percibir la aplicación de la tarifa “1D” del periodo completo de consumo a partir de 11 de noviembre próximo, para los clientes que facturan de manera mensual. Los clientes que facturan de manera bimestral, verán reflejada la aplicación de esta tarifa a partir de su recibo de diciembre (facturación en periodo par) y enero (facturación en periodo non). 

Recordamos a nuestros clientes que para cualquier duda sobre la aplicación de esta tarifa, ponemos a sus órdenes 17 centros de atención a clientes en Mérida, así como la línea telefónica gratuita 071 y la cuenta en Twitter @CFE_Peninsular.

 

El martes 31 de octubre cierra la convocatoria al “Premio Estatal al Mejor Trabajo Final para Titulación de Nivel Licenciatura y Maestría sobre Derechos Humanos 2017” con premios de 20 mil pesos.

Este año, el concurso lo convocan la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y el Colegio de Abogados, y podrán participar las tesis, monografías, tesinas, estudios de caso, proyectos integradores e informes/memorias de práctica o servicio profesional de nivel licenciatura y maestría elaborados de manera individual, sustentados en examen de grado en el período comprendido del uno de diciembre de 2016 al 30 de octubre de 2017 en instituciones de educación superior ubicadas en Yucatán.

El tema de los trabajos podrá ser cualquier área del conocimiento científico con una clara relación con los derechos humanos.

Es importante resaltar que el tema de los derechos humanos no es exclusivo de la licenciatura en derecho, su universalidad y transversalidad lo colca en cualquier otra profesión como la arquitectura, la informática, la medicina, la rehabilitación, ingeniería, psicología, trabajo social, por mencionar algunas.

La fecha límite para la entrega será el martes 31 de octubre en las oficinas de la Codhey en Mérida, y en las delegaciones de Tekax y Valladolid en horarios de 8 de la mañana a tres de la tarde.

En el caso de las tesis remitidas por correo o por mensajería, se aceptarán aquellas en las que coincida la fecha del matasellos o del envío con la del cierre de la convocatoria.

Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por especialistas en derechos humanos. La decisión del jurado será inapelable y éste tendrá la facultad de resolver cualquier situación no considerada en la convocatoria. El concurso podrá declararse desierto.

El premio será de 10 mil pesos para el primer lugar de cada una de las dos categorías,  así como un diploma de reconocimiento.

El resultado será publicado en la página electrónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán www.codhey.org

 

 

Luego de que se viniera abajo el acuerdo para que los asesinos materiales de la activista Emma Gabriela Molina Canto fueran sometidos a un juicio abreviado, la madre de la víctima Ligia Canto Lugo, aclaró que los sicarios Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, no generaron las condiciones para que el pacto se cumpliera.
Según consta en la carpeta de investigación, la mujer fue presuntamente víctima de un complot orquestado por su ex pareja Martín Medina Sonda, quien se encuentra preso en un penal de Tabasco, al ser hallado culpable de un millonario desfalco a las arcas públicas de esa entidad.
De acuerdo con lo descrito por los fiscales, Medina Sonda trianguló el asesinato de la madre de sus hijos mediante su chofer, César Rogelio Reyes Barrueta, quien a su vez contactó a un sujeto apodado “El Cachorro”, para que contratara a los dos sicarios que mataron finalmente a la activista.
Abordada antes de ingresar a una reunión con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ariel Aldecua Kuk, Canto Lugo dio a conocer los motivos por los cuales decidió desistir de pactar con los asesinos.
“Primero que nada, para nosotros lo más relevante, lo más importante, es que precisamente estas personas privaron de la vida a mi hija en la forma que lo hicieron y más que nada que esto no solamente está sobre ellos, sino sobre la persona que lo disfrutó y lo planeó, entonces, si las condiciones no se dan, no hay abreviado”, precisó. 
Asimismo, se dijo decepcionada por el trato que ha recibido por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
“Desgraciadamente yo digo, a las víctimas quién nos defiende entonces, somos como quien dice, el jamón del sandwich, por un lado quien nos debe apoyar y defender está oculta o buscando la forma de hacerlo menos, y por otro lado hay que pelear con los delincuentes”, finalizó.

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